Las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia merecen una lectura cuidadosa. Más político que juez, su proclama funciona como una alerta temprana —no la primera, pero sí de las más significativas— precisamente porque viene desde adentro del monstruo. Eso le da un peso que no puede ignorarse.
Lo que Henry describe, conscientemente o no, es una política criminal diseñada con un propósito claro: castigar a los pobres y proteger a los ricos. No es una falla del sistema; es el sistema funcionando exactamente como fue concebido. Las élites perciben a los sectores más vulnerables —que son, por mucho, la mayoría— como una amenaza latente. Y ante esa amenaza, la respuesta institucional no es la integración ni la justicia: es la contención. Llenar el sistema de acusados y condenados pobres es, en esa lógica, una forma de gestionar el riesgo social y evitar que la desigualdad se convierta en desestabilización.
La culpa, en ese esquema, no recae sobre el sistema político en general, sino sobre un sistema judicial que ha sido funcional a ese orden de cosas.
Frente a eso, los acuerdos individuales son apenas un entretenimiento mientras el mal se expande. La solución no puede ser parcial ni personal. El acuerdo que necesitamos es general: social, político y económico, y debe tener como fundamento dos pilares irremplazables: la educación y el imperio de la ley por encima de los hombres.
Los pueblos solo perviven en el tiempo cuando las instituciones y la ley se sobreponen a cualquier interés particular. Sin eso, no hay reforma que alcance.